LA IMPUNIDAD A LOS 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN URUGUAY.

LA IMPUNIDAD A LOS 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN URUGUAY.

                                                                                                                         Por Marys Yic

(Nota del círculo: En busca de una real política de intercambio de ideas, de generación de discusión es que el círculo ha abierto el espacio para que compañeros escriban, amablemente un artículo. En este caso, como en el de crisis de la camarada Hilda, la compañera Marys ha puesto lo mejor de si para contar una realidad con la cual concordamos, adherimos y respaldamos. Eternamente agradecidos compañera Marys.)

El Estado uruguayo comenzó a actuar en forma ilegítima desde 1968, cuando obreros y estudiantes enfrentaban una brutal represión. A partir del 27 de junio de 1973 el golpe institucional se consagra con la disolución del Parlamento, llevada a cabo por Juan María Bordaberry, que pasaría de Presidente de la República a dictador.
A partir de ahí se ejerció ferozmente la violencia sistemática y generalizada donde se utilizó la fuerza de las armas y la anulación de los derechos de los ciudadanos, incluso el más básico: el derecho a la vida.

Toda la sociedad, de una manera u otra, fue atrapada por las garras de la dictadura, salvo, aquellos que fueron cómplices o se beneficiaron con ella. La disolución de las Cámaras fue enfrentada por los trabajadores, los estudiantes universitarios y los sectores populares de todo el país. La misma madrugada que se gesta el golpe, la respuesta de la CNT no se hizo esperar, lanzó un manifiesto llamando a la ocupación de los lugares de trabajo, estado de alerta y asambleas. Luego se plegarían los estudiantes, y la heroica huelga general duraría 15 días, la más larga en la historia del país y la única en el mundo realizada contra un Golpe de Estado. Así comenzaba, una nueva etapa en la historia uruguaya.

En un país de poco más de 3 millones de habitantes, el régimen dictatorial dejó un saldo aproximado de 60 mil personas arrestadas, 6 mil presos políticos viviendo en campos de concentración, alrededor de 200 desaparecidos y 130 asesinados políticos, dentro y fuera de las fronteras nacionales y en el marco del Plan Cóndor. Sin contar los 500 mil uruguayos que se vieron obligados a exiliarse, o los requeridos por la justicia militar, que para proteger sus vidas, debieron permanecer años en la clandestinidad.

Durante ese período nefasto, la práctica sistemática de secuestros, torturas, desapariciones forzadas, homicidios, abusos sexuales y robo de niños, entre otras violaciones a los DDHH, fueron respaldadas ideológicamente por la doctrina de la seguridad nacional; y cuando son sistemáticas, masivas y generalizadas, constituyen “Crímenes de Lesa Humanidad” y por lo tanto son imprescriptibles e inamnistiables.

Quienes defendemos los derechos humanos pensamos que son una cuestión integral que no admite interpretaciones oportunistas y que trasciende fronteras partidarias y preferencias electorales, porque afecta los valores más esenciales de nuestra cultura. No creemos en la “guerra de los dos demonios”, queremos y debemos terminar con la cultura de la impunidad y hacer de la verdad y la justicia una realidad.

La verdad sobre lo ocurrido durante los “años de plomo” no termina de salir a luz. Todo tiene apariencia de fraude y complicidad. Se sigue ocultando bajo el manto de la impunidad y muchas veces parecemos espectadores. No solo las víctimas, sus familiares, las organizaciones, o los juristas, deben resolver este problema. Toda la sociedad se debe involucrar para solucionarlo. Todos debemos crear conciencia y trasmitirla.

Resulta agraviante para los uruguayos la gran campaña de acoso, hostigamiento y presión que se ejerce sobre jueces y fiscales que solo intentan cumplir con su deber de hacer prevalecer la justicia. Así fue con la Jueza Mariana Mota, primero por parte de algunos políticos y abogados defensores de los criminales. Ahora por la propia SCJ, demostrando que les preocupa que se llegue a la investigación inclaudicable de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

¿De qué justicia se habla, cuando se traslada a la jueza Mota – ejemplo de ética y dignidad -que tenía a su cargo más de 50 causas abiertas por los crímenes del terrorismo de Estado?

¿Qué pasa cuando posteriormente a ese traslado la SCJ declara inconstitucional la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad, violando los tratados y normativas internacionales y desconociendo que son crímenes de lesa humanidad?

¿De qué derechos se habla, cuando algunos dirigentes políticos apenas asoman la nariz cuando se tratan temas relacionados al terrorismo de Estado, y al momento de investigar nuestro pasado reciente ponen todo tipo de impedimentos? Por ejemplo, todavía no se ha tomado la iniciativa de depurar las Fuerzas Armadas, donde están activos e impunes, muchos involucrados con los crímenes de la dictadura.

¿Qué se está esperando? Van muriendo los culpables, pero también las víctimas, los testigos, los familiares… ¿Creen que si morimos todos la historia puede cambiar? No, no va a cambiar, porque el pasado no se puede borrar de un plumazo, no puede ser enterrado como si no tuviera importancia, nunca habrá un futuro cierto si la sociedad no resuelve su pasado.

No podemos mantenernos al margen de este atropello. Respaldar a Mariana Mota, así también como cualquier jurista en esa misma situación, es también expresar nuestro reconocimiento a todos los integrantes del Poder Judicial que actúan con la misma honestidad y profesionalismo que ha caracterizado a dicho Poder en nuestro país. Al mismo tiempo, es hacer público una vez más, nuestro respaldo a la institucionalidad democrática y a la separación de poderes, piezas fundamentales de la convivencia democrática.

No podemos ser contemplativos con una ley que además de ser inmoral e inconstitucional desde su cuna, violenta los acuerdos y tratados internacionales firmados y ratificados por Uruguay en el “Acuerdo de Londres” el 8 de agosto de1945 por los Juicios de Nüremberg, firmado por las potencias aliadas que actuaron “en interés de todas las Naciones Unidas”, mediante el cual se anunció la creación de un Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los criminales de guerra cuyos crímenes no tuvieren localización geográfica particular.

En el estatuto del Tribunal de Nüremberg se definieron los actos que se consideraban crímenes sujetos a la jurisdicción del Tribunal, clasificándolos en tres categorías: “crímenes contra la paz”; “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad”, estos últimos definidos como “asesinatos, exterminio, sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de, o durante la guerra; o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de o en conexión con cualquier crimen de la jurisdicción del Tribunal, sean o no una violación de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados”

¡Basta de “interpretaciones” a los vacíos legales! Pasaron 40 años y la impunidad sigue vigente a la espera de que la Suprema Corte de Justicia cumpla con sus obligaciones y de que el Parlamento Nacional anule de una buena vez, de la manera que sea, la Ley de Caducidad que prohíbe enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad del Uruguay.

Gran parte de la sociedad lleva 40 años de luto, pero no todos pudieron elaborar el duelo. El miedo ha calado hondo y es algo que tenemos que vencer. Quizá la mejor manera de hacerlo sea comprometernos e involucrarnos más con algunas de estas iniciativas:

*Condena Social.

*Movilización, social y ciudadana.

*Información y difusión.

*Testimonios (seguimiento y acompañamiento de víctimas y testigos).

*Asesoramiento para los denunciantes de las causas que fueron archivadas.

*Asesoramiento y apoyo a todos aquellas personas que por diferentes razones no han podido presentar denuncia.

*Crear mecanismos de protección regionales e internacionales.

*Crear una verdadera Comisión por la Verdad con activa participación de las organizaciones sociales representativas.

 *Presentar ante los Poderes correspondientes el pedido de una investigación profunda de las denuncias nacionales e internacionales, las reparaciones integrales, y el cumplimiento de ambas.

*Exigir que se abran y hagan públicos todoslos archivos de la dictadura en Uruguay, pero también de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, ya que tenían acciones coordinadas en el marco del Plan Cóndor.

*Respaldar a jueces, fiscales y abogados que tienen a su cargo causas sobre los delitos del terrorismo de Estado.

*Apoyar incondicionalmente al INDDHH (Instituto Nacional de Derechos Humanos)

*Apoyar e involucrarse con todas las organizaciones civiles, sociales, sindicales y de defensa a los ddhh comprometiéndonos a trabajar para desarticular el mecanismo de la impunidad.

Para que el “Nunca más terrorismo de Estado” no sea una mera consigna más, decimos SI a la Verdad y a la Justicia. SI a la recuperación de la memoria colectiva de nuestra historia reciente, fundamental para el presente y futuro de nuestro país.